La tarde del 4 de marzo, la Fundación Museos de la Ciudad (FMC) y la Fundación Teatro Nacional Sucre (FTNS) presentaron ante la Corte Constitucional del Ecuador una demanda de inconstitucionalidad contra la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), con el objetivo de salvaguardar el derecho al acceso a la cultura y garantizar la continuidad de los servicios culturales.
El 20 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD con carácter de proyecto económico urgente. La normativa establece nuevos lineamientos para la asignación presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), disponiendo que al menos el 70 % de sus recursos se destine a inversión en obras públicas y servicios básicos, y hasta un 30 % a gasto corriente. Según el Ejecutivo, la reforma busca fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del gasto público; sin embargo, diversos sectores han advertido posibles afectaciones a la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos locales.
En el ámbito cultural, las fundaciones demandantes sostienen que la aplicación de esta ley compromete la continuidad de sus servicios artísticos y culturales, el acceso ciudadano a sus derechos culturales, la preservación del patrimonio y el trabajo sostenido con las comunidades. Como parte del documento, recuerdan que la Constitución garantiza tanto la autonomía de los GAD como el derecho de las personas a participar en la vida cultural, fortalecer su identidad y preservar la memoria colectiva.
Desde esta perspectiva, la reforma al COOTAD limitaría la capacidad de gestión de los gobiernos locales y, de manera particular, impactaría el funcionamiento tanto de la Fundación Museos de la Ciudad como de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Las entidades argumentan que la normativa desconoce el mandato constitucional de profundizar la descentralización como mecanismo para promover un desarrollo territorial equitativo y con enfoque cultural.
Como parte de su rechazo, colaboradores de ambas entidades participaron en una multitudinaria marcha, que se sumó a las acciones ciudadanas para exigir a la Corte Constitucional que declare inconstitucional la reforma. Esta movilización avanzó desde el parque El Arbolito hasta la Corte, encabezada por autoridades de la ciudad, quienes también presentaron un recurso judicial con las mismas características.